A lo largo de la crisis económica, una de las consecuencias que hemos tenido que aceptar para superarla ha sido la aparición de una enorme desigualdad entre los españoles. Todos los organismos están de acuerdo en ello. Pero la desigualdad no se ha extendido solo entre las personas. También las instituciones han sido presa de la misma. Yo, como universitaria e investigadora, puedo dar fe de ello. Si la capacidad económica ha sido la principal causa entre los ciudadanos, la influencia y la cercanía al poder ha sido lo que ha generado más diferencias entre los centros universitarios e investigadores españoles.
Estos años, a la sombra de la búsqueda de una calificación positiva en los indicadores internacionales de las universidades, todas las instituciones docentes han puesto la proa hacia la obtención de unas calificaciones acordes con los estándares que algunos han considerado óptimos. En el mundo occidental, los de mayor relevancia mediática han sido los correspondientes a la investigación, medida esta desde la más pura ortodoxia. Para aquellos que no estén familiarizados con nuestro sistema, les puedo decir que publicaciones en artículos de denominado ‘alto impacto’ son el tótem al que nos debemos. El resto casi no cuenta. Pero, ¿cómo se consiguen estas publicaciones que tan buenos resultados parecen dar? Pues de la única manera, logrando fondos y recursos económicos cuyo retorno no sea inmediato. Hasta aquí todo podría sonar como una sana competencia entre centros por ver cuál es el mejor, pero un análisis un poco más profundo nos cuenta una historia diferente.
Teóricamente, todos los que solicitan un proyecto parten en igualdad de condiciones. Teóricamente, todas las instituciones disfrutan del mismo apoyo. Teóricamente, todo está basado en criterios objetivos. La realidad, tozuda como siempre, nos dice que no es así.
En los últimos años, debido a unas formas de hacer política cada vez más basadas en la cercanía al poder y en la capacidad de influencia, ‘lobbying’, todo, absolutamente todo, ha sido segregado entre los que pueden y los que no. Nosotros, la Universidad de Zaragoza, tenemos que reconocer que pertenecemos al segundo grupo. Aragón es tierra grande pero con poco peso político y nosotros, la universidad pública de Aragón, también. Durante los últimos años, tras una década de crisis, hemos podido contar únicamente con nuestros recursos y los que nuestra Comunidad autónoma ha podido concedernos. Algunos grupos han logrado proyectos de gran importe económico de fuentes externas a Aragón, pero cuando se mide la relación con el tamaño de nuestra universidad vemos que son los menos. El crecimiento de la capacidad investigadora en Aragón ha sido gracias a un gran esfuerzo de todos, muy superior a lo que nuestra pequeña economía nos permite.