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DMDA basa estos pronósticos en informes de otras naciones como Países Bajos y Bélgica
La Asociación Derecho a Morir Dignamente de Aragón (DMDA) prevé que las peticiones de eutanasia en Aragón, una vez entre en vigor la ley que la regula el 25 de junio, serán de unas 120 anuales, que podrían llegar a unas 400 en varias décadas, la mayoría por cáncer terminal o con metástasis (65 %).
DMDA basa estos pronósticos en informes de otras naciones como Países Bajos y Bélgica, que regulan la muerte digna desde hace años, así como los pocos datos disponibles en la comunidad, ha explicado este martes en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes su portavoz, Consuelo Miqueo, quien no cree que sea un reto "difícil de afrontar".
Tras el cáncer, las otras enfermedades que afectarán a los beneficiarios de este nuevo derecho serán polipatologías propias de edades avanzadas (10-15 %) y enfermedades neurodegenerativas (10-12 %) como la ELA, demencias o Alzheimer, ha avanzado Miqueo.
La portavoz de DMDA ha alertado del "desconcierto" que despierta la eutanasia a un mes de su entrada en vigor entre los profesionales sanitarios y los eventuales pacientes, por lo que ha pedido la colaboración interdepartamental en el Gobierno autonómico, así como la formación necesaria.
Asimismo, desde la asociación han solicitado actualizar el documento de voluntades anticipadas, que ya cuenta con 11.000 registros en Aragón, el 70 % de mujeres, para incluir la opción de anunciar anticipadamente el deseo de recibir la eutanasia si el paciente deteriora su salud de forma "irreversible" hasta el punto de imposibilitar su comunicación.
Miqueo también ha propuesto ampliar los supuestos en los que las personas pueden poner fin a su vida a menores de 18 años, pacientes de salud mental cuya enfermedad sea el único motivo para querer morirse y aquellas personas que aleguen haber cumplido "su trayectoria biográfica".
En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado socialista Sergio Ortiz ha anunciado que ya se encuentra en fase de información pública el Decreto que regulará la Comisión de Garantías y el listado de profesionales objetores de conciencia previstos en la ley de eutanasia.
Salvo PP y Vox, que votaron en contra en el Congreso, el resto de grupos de las Cortes han apoyado esta norma, que amplía los derechos de la ciudadanía, según Nacho Escartín (Podemos), y que para Cs no es excluyente de los cuidados paliativos, ha apuntado Susana Gaspar, quien ha pedido una ley en este sentido, así como adaptar la normativa aragonesa de 2011 a la nueva ley.
Por su parte, José Antonio Lagüéns (PP) y Santiago Morón (Vox) han requerido unos cuidados paliativos "de calidad".
