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Desde el Centro de Salud Torre Ramona, señalado tras la muerte de una anciana de 83 años hace un mes, piden más claridad en el procedimiento.
La entrada en vigor de la Ley de Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) llegó el pasado 25 de julio, y una de las primeras personas que quiso acogerse a ella fue Emilia, una mujer de 83 años aquejada de terribles dolores de cadera por una luxación congénita, que acudió a cursar la solicitud en su centro de salud, Torre Ramona. Aunque la respuesta inicial por parte de la médico de familia que la atendió fue negativa, debido a que no tenía constancia del procedimiento a seguir en una ley recién promulgada, la facultativa se reunió días después con la hija de la fallecida y le hizo saber que había cursado personalmente su solicitud, entregándosela en mano al director de Atención Primaria del Área II, Juan Carlos Palacín, y a su subdirector, Ángel Aznar, quienes afirmaron a su vez que la habían hecho llegar a instancias más altas en el Servicio Aragonés de Salud. Emilia, tratada por la unidad del dolor y también por psiquiatría, se suicidó el 6 de noviembre.
La ley contempla que “las personas mayores de edad que sufran una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que afecte a la autonomía y que genere un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable pueden solicitar la prestación de la ayuda para morir. En cada caso hay que pasar por la supervisión de una Comisión de Garantía y Evaluación propia de la autonomía en la que se estudie el caso, y el afectado podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles, y después de confirmar su voluntad de morir en dos ocasiones separadas por 15 días durante el proceso. Además, los profesionales médicos podrán acogerse a la objeción de conciencia para no ejecutar esta prestación.
La opinión del compañero
El doctor Leandro Catalán, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia de Aragón (SEMG-Aragón), reitera que “se echa de menos la falta de un plazo de desarrollo reglamentario de la Ley. La composición de la Comisión Evaluadora salió en el mes de julio, pero no hay más noticias al respecto, ni protocolo común de actuación para atender a las personas que lleguen demandando la ayuda a morir, aunque luego cada caso requiera de un análisis individual. Con la ley debía haber llegado de forma clara el modo de aplicación de esta prestación, si debe hacerlo el médico o puede ser una enfermera, u otro personal sanitario: hay muchos detalles en el aire”.
Desde Torre Ramona
Representantes del personal médico de Torre Ramona se recalca que “no hemos recibido formación con la nueva ley; apenas nos han redirigido correos electrónicos el 24 y 27 de julio con el texto de la LORE y la orden por la que se creaba la Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación y Ayuda para Morir en Aragón, aunque no se ha publicado en el BOA el nombramiento de sus integrantes, por lo que suponemos que esa comisión sigue en el aire. También recibimos un ‘power point’ con los aspectos principales de la ley, sin añadir nada más al tema. No se ha elaborado el registro público de objetores; además, iban a incluirnos esta actividad en la historia clínica electrónica como una prestación más de nuestra cartera de servicios, cosa que no han hecho”.
Este sentimiento se resume en una frase contundente. “Suena fuerte decirlo, pero no sabemos cómo quieren que acabemos con la vida de los solicitantes, ya que se habla de una pastilla o una inyección letal de barbitúricos, pero no existe claridad al respecto de la metodología que finalmente será la elegida en la mayoría de los casos. Hay que entender que esta práctica choca con el impulso natural de un médico, salvar vidas; eso va más allá de una ideología o una creencia religiosa, es que administrar este protocolo significa acabar con una vida”.
Las principales quejas
Los profesionales consultados apuntan varios problemas concretos en el desarrollo de la LORE, que preocupan especialmente dentro del clima de indefinición denunciado:
Ausencia de un protocolo concreto en el que se detalle el procedimiento y las pautas de actuación más adecuadas
No se han definido los circuitos asistenciales, ni la coordinación entre atención primaria y especializadas
No hay aplicación alguna para informatizar estos casos de manera adecuada, ni tampoco protocolos de farmacia para la realización de la prestación.
No se ha previsto la actuación a seguir cuando todo un equipo concreto esté lleno de objetores y no se pueda, en la práctica, materializar la prestación de la ayuda a morir en el centro al que corresponde el solicitante.
Las pautas que contempla el manual de buenas prácticas del Ministerio de Sanidad asociado a la ley, que según los médicos no se ha concretado en un protocolo uniforme, hablan de la necesidad de una dosis 5 ó 10 veces superior a la ED95, que es la dosis necesaria para conseguir el efecto deseado en el 95% de la población. En este manual se cita igualmente la posibilidad de la vía intravenosa con disminución del nivel de consciencia previa, para ahorrar sufrimiento, y un inductor del coma (el propofol, tristemente famoso por la sobredosis que mató a Michael Jackson, aunque administrado en las dosis adecuadas no es letal) y los bloqueantes neuromusculares que concluyen el proceso.
“El paciente -continúan desde el Torre Ramona- puede escoger si quiere fallecer en su domicilio o en el hospital, y los tiempos de aplicación de cada paso del proceso son muy cortos, de apenas cinco semanas desde la solicitud. Cuando te entregan un papel de solicitud de la muerte digna, en el plazo de dos días hay que visitar a domicilio al paciente para hacer una entrevista de deliberación y valorar su conocimiento de los derechos y deberes que contempla la ley, escucharle… debe durar entre 45 y 60 minutos, con médico y enfermera presentes",
La demanda principal alude a la concreción y estandarización del proceder correcto. "Lo necesario es que todos sepamos cuál es el proceso por el que se apuesta, con todos los detalles, para que todos estemos instruidos al respecto, y que quienes no objetan lo tengan todo claro cuando les toque realizar la prestación; falta tanto desarrollo a la ley que incluso quienes están dispuestos a practicar la eutanasia tienen un problema para actuar. Hay más cuestiones en el ambiente: ¿qué pasa si en un equipo todos los médicos objetan? La ley no contempla qué se hace en ese supuesto. Hay constancia de siete u ocho casos en Aragón actualmente; uno de ellos ya se ha resuelto porque un neurólogo asumió la responsabilidad”.
El tema atañe a todos los profesionales, incluyendo aquellos que no piensan objetar. “Falta tanto desarrollo a la ley que incluso quienes están dispuestos a practicar la eutanasia tienen un problema para actuar. Hay más cuestiones en el ambiente: ¿qué pasa si en un equipo todos los médicos objetan? La ley no contempla qué se hace en ese supuesto. Hay constancia de siete u ocho casos en Aragón actualmente; uno de ellos ya se ha resuelto porque un neurólogo asumió la responsabilidad”, explican los facultativos consultados.
Los médicos de Torre Ramona opinan que “el desarrollo de la ley orgánica de regulación de la eutanasia (LORE) es responsabilidad del Gobierno de Aragón y del Departamento de Sanidad, y sigue pendiente todavía la creación de un registro de objetores centralizado en el departamento de Sanidad; la inclusión y registro de esta actividad/prestación en la HCE (Historia Clínica Electrónica) y OMI-AP (sistema informático de Atención Primaria); un ‘Manual de buenas prácticas’ por el Consejo Interterritorial del SNS, con el procedimiento y pautas de actuación, y la definición de aspectos internos como circuitos asistenciales, coordinación entre médicos responsables y consultores, protocolos de farmacia y lugares de realización”.
Los sindicatos también piden claridad
Desde la Federación Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones de Médicos Titulares y de Atención Primaria (FASAMET) se insiste en que el desarrollo normativo de la ley dista mucho de ser el adecuado. Fuentes del sindicato hablan de la ausencia de protocolo, falta de formación adecuada a unos profesionales “ya desbordados por la pandemia” en una ley de mucho calado en todos los sentidos. El caso Torre Ramona nos cogió a todos desprovistos de información y formación desde las instituciones sobre el particular, y eso no se ha subsanado".
En FASAMET apuntan que "desde nuestra asesoría jurídica nos señalan varios vacíos legales implícitos en el propio texto, lo que no ayuda a paliar la incertidumbre. Hace poco, de hecho, cambió el modelo oficial que hay que utilizar para que los médicos hagan la objeción de conciencia ante la ayuda a morir; han añadido un nuevo ítem a la petición de datos personales y la declaración de objeción de conciencia, consistente en la aparición de dos supuestos: objeción a todo el proceso o solamente a su parte final, la propia acción directa de esta prestación. Las cosas se van haciendo sobre la marcha, algo muy significativo”.
