El colegio profesional de nutricionistas-dietistas de Aragón se muestra a favor de la medida anunciada recientemente por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por la que su cartera regulará, a través de un real decreto, la emisión de publicidad de alimentos y bebidas no saludables cuando se dirija al público infantil y adolescente. «Llevamos mucho tiempo esperando esta medida», asegura su presidenta, Alba Santaliestra, quien cree que no debe ser la única, ya que considera esencial dotar a la Atención Primaria de «profesionales» que ayuden y formen a las familias en nutrición y alimentación.
La regulación que impulsará Consumo afectará a los anuncios que inciten a la ingesta de productos de confitería de chocolate y azúcar, barritas energéticas y coberturas dulces y postres, pasteles, zumos, bebidas energéticas y helados, con alto contenido en azúcar, considerados además nocivos por la Organización Mundial de la Salud. También se regulará la publicidad de otros productos como snacks, bebidas y salsas que superen niveles de sal superiores a 0,1 por cada 100 gramos.
Frente a ellos, se tendrían que promocionar los alimentos saludables, entre los que se encuentran todos los «no procesados o mínimamente procesados», es decir, verduras, legumbres, pasta, fruta de temporada, carne, pescado, etc.
El alto consumo de azúcar, sal o grasas en menores es el causante de las «principales enfermedades crónicas de los niños y, por ende, de los futuros adultos», ya que podría provocar «problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, que está relacionada directamente con el sobrepeso y la obesidad», problemas articulares y otras complicaciones «en las que hay relación directa con el alto consumo en azúcar». También enfermedades de «riesgo con alta mortalidad en adultos», reflexiona Santaliestra. Actualmente, en España, cuatro de cada diez niños tiene sobrepeso u obesidad, lo que supone un 40% de la población infantil, datos «muy altos y extrapolables a Aragón».
Medida insuficiente
Los nutricionistas creen que la regulación es «una buena medida» pero por sí sola «no hace nada» ya que habría que «invertir en educación sanitaria, alimentaria y nutricional» para los niños pero sobre todo a las familias, si no, «es una medida que nace coja».
En este sentido, Santaliestra reconoce que «una mayor exposición a alimentos ricos en azúcar implica un mayor consumo» pero la presidenta del colegio profesional es consciente de que toda prohibición es «una mala herramienta» puesto que puede provocar lo contrario a lo que se espera, así que apuesta no por el veto sino por «el control y la regulación».
Preguntada por cuánto azúcar debe de consumir un niño, no hay una cifra exacta, afirma, ya que «depende de la energía que consume». No es igual un menor de 2 años a uno de 17,9 o uno que lleva una vida sedentaria o realiza una actividad física moderada o alta. Ese valor oscilaría entre 1.200 y 2.000 calorías entre esa edad; y menos del 10% de lo que se consume debería partir de azúcares.
Para Santaliestra la regulación debería, además, comenzar con los envases que dieran una información clara y directa sobre sus ingredientes, pero también debería ir acompañada por «educación» para que la población sea capaz de entender esa etiqueta y, sobre todo, que «la nutrición sea un pilar en la Sanidad Pública». En estos momentos, ni en Aragón ni en España los profesionales «están recogidos en Atención Primaria al ciudadano». Según un estudio reciente, por «cada euro invertido en consejos profesionales se reportan más de 100 euros en beneficio económico en la prevención de patologías asociadas», señala; por lo que se trataría de una buena herramienta para combatir la situación actual. De hecho, hace solo unos días, Cataluña a anunciado que se implantarán 150 dietistas en Atención Primaria, mientras que «en Aragón no hay nadie» y es importante tener en cuenta, asegura, que un profesional ayuda «a comprender qué comer y qué no comer».