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¿Qué controles pasa un producto hasta que se sirve? Esta pregunta no salta muchas veces hasta que no se produce alguna crisis alimentaria como la de la listeriosis. Salud Pública llevó a cabo el año pasado 33.830 inspecciones a establecimientos aragoneses relacionados con la alimentación. De ellas, 3.924 fueron a negocios en los que se procesan carnes y derivados, similares a la fábrica sevillana Magrudis de la que salió la carne contaminada. En la Comunidad hay 1.983 locales en este sector. A raíz de los incumplimientos que se detectaron en estas empresas y locales se impusieron 43 sanciones.
Estos son algunos de los datos que revela el informe del Plan Autonómico de Control de la Cadena Alimentaria en Aragón 2017-2020 y que ayer adelantó Alberto Alcolea. jefe de Servicio de Salud Alimentaria y Ambiental del Ejecutivo autonómico.
Los incumplimientos que se observan durante estas ‘supervisiones’ pueden ser de tres tipos, explicó Alcolea. El primero son los estructurales, en los que se atiende a las condiciones generales de higiene, que se refieren a las condiciones de estructura física del establecimiento. Otras infracciones son las operacionales, que tienen que ver con las actividades que se realizan. Otros fallos pueden proceder del producto en sí, vinculados a las propias características organolépticas o físicoquímicas, incluyendo las deficiencias de etiquetado.
Ante los incumplimientos que se detectaron, se abrieron 1.165 expedientes a establecimientos de alimentación, la medida más común que se adopta, y se impusieron 665 sanciones. En el caso de los negocios que tratan carne y derivados, se tramitaron 59 expedientes y se aplicaron 43 multas.
Estas infracciones también motivaron 52 suspensiones de actividad en locales del sector alimentario que «suelen ser temporales hasta que se solventa el problema», detalló Alcolea. «Una fue en un producto cárnico, que provocó también una alerta general, y otra en alimentación especial y complementos», detalló.